Corte, ideología y proceso de paz

Las reacciones a la declaración de la Corte Constitucional sobre la inexequibilidad de los literales h) y j) del Acto Legislativo 01 del 2016 han tomado, fundamentalmente, dos orientaciones: la primera apunta a indicar las dificultades que podrían afrontar en el Legislativo los desarrollos normativos del Acuerdo Final —básicamente, lentitud y trabas con la aprobación del articulado—, aunque se afirma que se puede estar en un escenario que permita ganar mayor legitimidad democrática de lo acordado. Y la segunda señala que el fallo de la corporación, además de configurar un incumplimiento del Estado de lo pactado con las Farc, es un golpe al proceso y una muestra de la reciente “configuración de mayoría retardataria y retrógrada” en la Corte. Las orientaciones del debate coinciden en algo que suele ocultarse: la inescindible relación entre lo jurídico y lo político.

Se ha dicho que con el “nuevo” fast track, originado en la Sentencia C-332 del 2017 (cuya síntesis se dio a conocer en el comunicado 28 del 17 de mayo del 2017), el Acuerdo gana en legitimidad democrática después del triunfo del No en el plebiscito, debido a que se amplían los espacios de deliberación y de decisión democrática en el Legislativo. En esta lectura del fallo se desconoce contradictoriamente la refrendación hecha por el mismo Congreso y se suma, en forma peligrosa para la paz, a lo expuesto por la Corte en la Sentencia C-379 de 2016, que indica: “Los efectos de la aprobación del plebiscito están concentrados en i) otorgar legitimidad democrática a la implementación del Acuerdo Final”. Así, los juristas que orientan en este sentido sus apreciaciones sobre lo fallado validan las tesis de sectores guerreristas que aseguran que el Acuerdo Final carece de legitimidad democrática.

Ahora bien, sorprende que se tenga hoy una lectura progresista del accionar de la Corte y se reclame por lo que sería una reciente inclinación política de esta hacia el conservadurismo, como si el alto tribunal estuviera perdiendo su orientación “emancipatoria”. Si bien se ha estimado que la corporación ha sido una de las más progresistas en materia de garantía de derechos, hasta el punto de que Rodolfo Arango piensa que su jurisprudencia es una contribución decidida al inicio de la construcción de un Estado social de derecho, Rodrigo Uprimny y Mauricio García Villegas creen que posee una dimensión emancipatoria y Ramiro Ávila Santamaría la considera parte del neoconstitucionalismo transformador andino, lo cierto es que esto, en el mejor de los casos, puede predicarse de la primera generación de magistrados de la Corte Constitucional (1993-2001).

En esa dirección apunta el trabajo de Óscar Mejía Quintana y Carolina Galindo Poblador, quienes señalan que se presenta un giro en la jurisprudencia de la corporación de lo social a lo neoliberal, debido a la importancia que en sus fallos han adquirido los principios del bloque económico neoliberal que se encuentran en la Constitución. Por su parte, Diego López Medina, en El derecho de los jueces, sostiene que la Corte ha sido más valiente en temas “libertarios” que en aspectos “niveladores”: “Los temas constitucionales ‘libertarios’, ciertamente ‘escandalosos’, tocan de manera menos directa los núcleos centrales de poder en una sociedad liberal semiperiférica. Con ello, la Corte Constitucional conserva para sí la imagen heterodoxa que quiere mantener, al tiempo que pacta las paces con los intereses centrales del statu quo”. En este orden de ideas, lo emancipatorio se desdibuja, y el orden social, político y económico se mantiene y no se afecta por los fallos de la corporación.

Frente a la decisión de la Corte que originó las reacciones acá expuestas, únicamente Cecilia Orozco Tascón expresó algo de lo que poco se habla en el mundo legal: la posición ideológica de los magistrados, lo que remite a uno de los planteamientos centrales del pensamiento jurídico crítico: el Derecho y la jurisprudencia ocultan una carga ideológica, esto es, existe un sentido ideológico del Derecho. Siguiendo a Courtis, en el caso de las sentencias, “los jueces al decidir los casos realizan operaciones de desplazamiento u ocultamiento, de acuerdo con sus construcciones ideológicas”.

Por su parte, Óscar Correas habla de la existencia de la ideología del Derecho y de la ideología jurídica, esta última relacionada con la interpretación de la voz autorizada para decir qué es Derecho, por ejemplo, los magistrados, quienes debido a su origen social tienen, en su mayoría, una ideología afín a los sectores socialmente dominantes, según Ronaldo Busnello. Así, en el caso de la Corte colombiana estaríamos lejos de lo que Amilton Bueno de Carvalho llamó juristas orgánicos, pues su configuración es práctica para los sectores hegemónicos y contradictores del Acuerdo, y preocupa que con nuevas “interpretaciones” de los contenidos de la Sentencia C-379 de 2016 (núm. 113.2), un nuevo Gobierno proponga la reversión de la implementación, con el aval del alto tribunal.

@Freddy_Ordonez

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Carta abierta dirigida a las delegaciones de los Estados miembro de la OEA

Respetados(as) Representantes,

La Federación Internacional para los Derechos Humanos (FIDH) y sus XXX organizaciones miembro en las Américas aquí firmantes, queremos expresar nuestro apoyo a la propuesta a ser debatida en la próxima reunión de la Asamblea General de la OEA que será llevada a cabo del 19 al 21 de junio de este año en Cancún, México, que prevé multiplicar el presupuesto destinado por parte de esta organización al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Recordamos que este es un principio que fue expresado por todos los Estados americanos cuando voluntariamente firmaron y se acogieron a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en 1948, estableciendo en su preámbulo que :

« (…) La consagración americana de los derechos esenciales del hombre unida a las garantías ofrecidas por el régimen interno de los Estados, establece el sistema inicial de protección que los Estados americanos consideran adecuado a las actuales circunstancias sociales y jurídicas, no sin reconocer que deberán fortalecerlo cada vez más en el campo internacional, a medida que esas circunstancias vayan siendo más propicias ».

El sistema interamericano de protección de los derechos humanos fue pionero en el mundo y ha sido ejemplo para el desarrollo de mecanismos regionales como el europeo y el africano, por lo cual es fundamental seguirlo fortaleciendo y promoviendo.

Pese lo anterior, las instituciones interamericanas de protección de derechos humanos son las que menos fondos reciben en el mundo. El año pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tuvo la peor crisis financiera de su historia, y a pesar de la voluntad manifestada por distintos Estados miembro de la OEA para permitirle contar con un financiamiento estable e independiente, ninguna resolución para aumentar su presupuesto fue aprobada en la sesión especial de la Asamblea General de la OEA del 31 de octubre de 2016, lo que llevó a adoptar una cláusula de emergencia para poder financiar su trabajo.

Es por esto que urgimos a todos los Estados asistentes a que demuestren unánimemente su compromiso con los valores democráticos, dentro de los que se encuentran indivisiblemente la defensa de los derechos humanos, para que tanto la Corte como la Comisión puedan continuar con sus actividades de forma autónoma e independiente. Les solicitamos votar a favor de la propuesta para duplicar los fondos a estas instituciones.

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Presupuestos participativos para la paz

Los presupuestos participativos se han convertido en un tema de creciente interés en Colombia por varias razones: a) porque a pesar de que existe una experiencia acumulada de dos décadas en su realización en ciudades y municipios importantes del país, en la Ley 1757 de 2015, estatutaria de la participación, se incorporó una norma de carácter general que consagra al prepuesto participativo como una obligación para las entidades territoriales; b) porque con tal consagración, el presupuesto participativo se erigió en un derecho ciudadano exigible, contenido básico del derecho fundamental de participación política y control ciudadano del ejercicio del poder (artículo 40 de la Constitución); y c) porque el presupuesto participativo puede ser una herramienta muy valiosa para la reparación de las comunidades víctimas del conflicto armado, o como una política de acción afirmativa para sectores sociales en situación de exclusión o discriminación.


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Para que el futuro sea de nuevo posible

Cuando observamos el pasado con los ojos del presente, nos encontramos ante cementerios inmensos de futuros abandonados, luchas que abrieron nuevas posibilidades, pero que fueron neutralizadas, silenciadas o desvirtuadas, futuros asesinados al nacer o incluso antes, contingencias que decidieron la opción vencedora, atribuida después al sentido de la historia. En estos cementerios, los futuros abandonados son también cuerpos sepultados, a menudo cuerpos que apostaron por futuros equivocados o inútiles. Los veneramos o execramos en función de si el futuro que quisieron coincide o no con el que queremos para nosotros. Por eso lloramos a los muertos, pero nunca a los mismos muertos. Para que no se piense que los ejemplos recientes se reducen a terroristas suicidas, mártires para unos, terroristas para otros, en 2014 hubo dos celebraciones del asesinato del archiduque Francisco Fernando y de su esposa, Sofía Chotek, en Sarajevo, y que condujo a la Primera Guerra Mundial. En un barrio de la ciudad, bosnios croatas y musulmanes rindieron homenaje al monarca y a su esposa, mientras que en otro, serbobosnios hicieron lo propio con Gavrilo Princip, que los asesinó, e incluso le hicieron una estatua.

A principios del siglo XXI, la idea de futuros abandonados parece obsoleta, tanto como la propia idea de futuro. El futuro parece haber estacionado en el presente y estar dispuesto a quedarse aquí indefinidamente. La novedad, la sorpresa, la indeterminación se suceden tan trivialmente que todo lo bueno y lo malo eventualmente reservado para el futuro ocurre hoy. El futuro se anticipó a sí mismo y cayó en el presente. El vértigo por el paso del tiempo es igual al vértigo por la parálisis del tiempo. La banalización de la innovación va a la par con la banalización de la gloria y del horror. Muchas personas viven esto con indiferencia. Hace mucho que desistieron de hacer acontecer el mundo y se resignan a que el mundo acontezca. Son los cínicos, profesionales del escepticismo. Hay, sin embargo, dos grupos muy diferentes en tamaño y suerte para los cuales este desistimiento no es una opción.

El primero está constituido por la inmensa mayoría de la población mundial. Desigualdad social exponencial, proliferación de fascismos sociales, hambre, precariedad, desertificación, expulsión de tierras ancestrales codiciadas por empresas multinacionales, guerras irregulares especializadas en matar poblaciones civiles inocentes, etc., todo esto hace que una parte creciente de la población mundial haya dejado de pensar en el futuro para ocuparse de la supervivencia de mañana. Están vivos hoy, pero no saben si lo estarán mañana; Tienen comida para alimentar a los hijos hoy, pero no se saben si la tendrán mañana; tienen empleo hoy, pero no saben si lo tendrán mañana. El mañana inmediato es el espejo del futuro en el que al futuro no le gusta mirarse, pues refleja un futuro mediocre, rastrero, banal. Estas inmensas poblaciones piden tan poco al futuro que no están a su altura.

El segundo grupo es tan minoritario como poderoso. Se imagina haciendo acontecer el mundo, definiendo y controlando el futuro indefinida y exclusivamente para que no haya ningún futuro alternativo. Este grupo está constituido por dos fundamentalismos. Son fundamentalismos porque se basan en verdades absolutas, no admiten la disidencia y creen que los fines justifican los medios. Los dos fundamentalismos son el neoliberalismo, controlado por los mercados financieros, y el Daesh, los yihadistas radicales que se proclaman islámicos. A pesar de ser muy diferentes e incluso antagónicos entre sí, comparten características importantes. Ambos se basan en verdades absolutas que no toleran la disidencia política, ya sea la fe científica en la prioridad de los intereses de los inversores y en la legitimidad de la acumulación infinita de riqueza que esta permite, ya sea la fe religiosa en la doctrina del califa que promete la liberación de la dominación y humillación occidentales. Ambos pretenden garantizar el control del acceso a los recursos naturales más valorados. Ambos causan un inmenso sufrimiento injusto con la justificación de que los fines legitiman los medios. Ambos recurren con la misma sofisticación a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para difundir su proselitismo. El radicalismo de ambos es del mismo quilate y el futuro que proclaman es igualmente distópico: un futuro indigno de la humanidad. ¿Será posible un futuro digno entre los dos futuros indignos que acabo de señalar: el minimalismo de mañana y el maximalismo del fundamentalismo? Pienso que sí, pero la historia de los últimos cien años nos obliga a múltiples cautelas. La situación de la que partimos no es brillante. Comenzamos el siglo XX con dos grandes modelos de transformación progresista de la sociedad: la revolución y el reformismo; y comenzamos el siglo XXI sin ninguno de ellos.

Cabe aquí recordar, de nuevo, la Revolución Rusa, ya que ella radicalizó la opción entre los dos modelos y le dio consistencia política práctica. Con la Revolución de Octubre quedó claro para los trabajadores y campesinos (clases populares, diríamos hoy) que había dos vías para alcanzar un futuro mejor, que se avizoraba como poscapitalista, socialista. O la revolución, que implicaba ruptura institucional (no necesariamente violenta) con los mecanismos de la democracia representativa, quiebra de procedimientos legales y constitucionales, cambios bruscos en el régimen de propiedad en el control de la tierra; o el reformismo, que implicaba el respeto por las instituciones democráticas y el avance gradual en las reivindicaciones de los trabajadores a medida que los procesos electorales les fuesen siendo más favorables. El objetivo era el mismo: socialismo.

No trataré aquí las vicisitudes por las que pasó esta opción a lo largo de los últimos cien años. Solamente menciono que luego del fracaso de la revolución alemana (1918-1921), se fue construyendo la idea de que en Europa y en los Estados Unidos de América (el primer mundo), el reformismo sería la vía preferida; al mismo tiempo, en el tercer mundo (el mundo socialista soviético se fue construyendo como el segundo mundo) se optaría por la vía revolucionaria, como sucedió en China en 1949, o por alguna combinación entre las dos vías. Entretanto, con la subida de Stalin al poder, la Revolución Rusa se transformó en una dictadura sanguinaria que sacrificó a sus mejores hijos en nombre de una verdad absoluta, que era impuesta con la máxima violencia. O sea, la opción revolucionaria se transformó en un fundamentalismo radical que precedió a los que mencioné arriba. A su vez, el tercer mundo, a medida que se iba liberando del colonialismo, comenzó a verificar que el reformismo nunca conduciría al socialismo, sino más bien, cuando mucho, a un capitalismo de rostro humano, como el que iba emergiendo en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. El movimiento de los No Alineados (1955-1961) proclamaba su intención de rechazar tanto el socialismo soviético como el capitalismo occidental.

Por razones que analicé en mi última columna [1] , con la caída del muro de Berlín los dos modelos de transformación social colapsaron. La revolución se transformó en un fundamentalismo desacreditado y caduco que se desmoronó sobre sus propios fundamentos. A su vez, el reformismo democrático fue perdiendo el impulso reformista y, con ello, la densidad democrática. El reformismo pasó a significar la lucha desesperada para no perder los derechos de las clases populares (educación y salud públicas, seguridad social, infraestructuras y bienes públicos, como el agua) conquistados en el período anterior. El reformismo fue así languideciendo hasta transformarse en un ente escuálido y desfigurado que el fundamentalismo neoliberal reconfiguró por vía de un facelift, convirtiéndolo en el único modelo de democracia de exportación, la democracia liberal transformada en un instrumento del imperialismo, con derecho a intervenir en países enemigos o incivilizados y a destruirlos en nombre de tan codiciado trofeo. Un trofeo que, cuando es recibido, revela su verdadera identidad: una ruina iluminada a neón, transportada en la carga de los bombarderos militares y financieros (ajuste estructural), estos últimos conducidos por los CEO del Banco Mundial y por el Fondo Monetario Internacional.

En el estado actual de esta jornada, la revolución se convirtió en un fundamentalismo semejante al maximalismo de los fundamentalismos actuales, en tanto que el reformismo se degradó hasta ser el minimalismo de la forma de gobierno cuya precariedad no le permite ver el futuro más allá del mañana inmediato. ¿Habrán causado estos dos fracasos históricos, directa o indirectamente, la opción carcelaria en que vivimos, entre fundamentalismos distópicos y mañanas sin pasado mañana? Más importante que responder a esta cuestión, es crucial saber cómo salir de aquí, la condición para que el futuro sea otra vez posible. Avanzo una hipótesis: si históricamente la revolución y la democracia se opusieron y ambas colapsaron, talvez la solución resida en reinventarlas de modo que convivan articuladamente. Con otras palabras: democratizar la revolución y revolucionar la democracia. Será el tema de la próxima columna.

Autor: Boaventura de Sousa Santos

[1] “Europa debe regresar a la escuela del mundo, como alumna”. Puede leerse directamente haciendo click aquí
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Otra sociología jurídica: aportes teóricos desde nuestra América

Comúnmente, se ha entendido a la sociología jurídica como una “ciencia auxiliar del Derecho”, que estudia las relaciones entre el Derecho y la sociedad, y a quien la practica o ejerce, como un observador acrítico y objetivo, en tanto se limita a describir “hechos” del Derecho. Frente a esta lectura se han levantado construcciones discursivas, así como reflexiones y análisis, que apuntan a la construcción de otra sociología jurídica.

Desde Latinoamérica, se han realizado elaboraciones teóricas sobre lo que debe ser la construcción de esa otra sociología jurídica que difiera de aquella que es promovida desde el discurso jurídico y sociológico convencional. Entre estas, se destacan las elaboraciones orientadas por la noción de alternatividad que en Brasil se construyeron en las décadas de 1980 y 1990 de la mano del Derecho Alternativo, de “O Direito Achado na Rua” y en diálogo -cuando no influenciadas- de la producción de Boaventura de Sousa Santos. Acá se destacan los trabajos de Roberto Lyra Filho, José Eduardo Faria, Celso Fernandes Campilongo, José Geraldo de Sousa Junior, Antonio Carlos Wolkmer y de Edmundo L. de Arruda Jr. Este último ubicó sus reflexiones en la periferia del capitalismo, planteando una sociología jurídica alternativa, que toma posición crítica a partir de la teoría del conflicto y con el marxismo como fuente de inspiración primaria.

Más recientemente, Antonio Carlos Wolkmer* ha indicado cómo la sociología jurídica de tenor crítico, descolonizadora y producida en el sur periférico debe cuestionar la sociedad y el lugar social que ocupa el Derecho, y considerarse como una estrategia contra hegemónica teórico-práctica que se contraponga a la circunstancialidad sociopolítica de dominación, exclusión, explotación e injusticia.

Por su parte, el mexicano Jesús Antonio de la Torre Rangel destaca la existencia en nuestra América de una sociología jurídica militante, que se origina en la teoría que surge de la sistematización del uso alternativo del Derecho o en la elaboración de crítica jurídica latinoamericana. Para el jurista, se está ante un quehacer científico que no se oculta bajo una supuesta neutralidad o imparcialidad, puesto que la sociología jurídica que se elabora, es decir, “la teorización de las relaciones sociales y las conductas en relación con la normatividad jurídica, el análisis de la juridicidad social, se hace desde la perspectiva de un urgente cambio social y en la búsqueda de la mejor satisfacción de las necesidades humanas y de respeto a los derechos del hombre”.

No podría dejar de mencionarse el invaluable aporte de Oscar Correas a estas construcciones y abordajes críticos de la sociología jurídica, ciencia de la que afirma “tiene como objeto las causas y efectos del derecho considerado como un “discurso”, entendiéndose por ello, ideología formalizada en un lenguaje que le permite a esta última aparecer y convertirse en sentido producido y recibido”. Al hablar de las causas y los efectos, Correas apunta a dos clases de preguntas: (i) ¿cómo se explica la existencia de normas que ordenan, permiten o prohíben tales conductas y no otras? y (ii) ¿son tales normas eficaces? Esto es: ¿producen los individuos las conductas que las normas ordena, permiten o prohíben? La sociología jurídica propuesta por este autor está inspirada en el pensamiento de Carlos Marx, es una sociología jurídica marxista, en tanto permite explicar, críticamente, un sistema jurídico nacional que se corresponde al modelo jurídico capitalista, reflejo este del modo de producción capitalista.

A los trabajos de los autores reseñados, se suman construcciones que hacen uso de la crítica jurídica marxista y del pensamiento crítico latinoamericano para concebir una sociología jurídica crítica. Así mismo, se deben reconocer los planteamientos del colombiano Rosembert Ariza, orientados a proponer una sociología impura del derecho y una sociología de las presencias jurídicas*.

Finalmente, se deben mencionar dos aspectos, en primer lugar, el papel que han jugado en la difusión de otra sociología jurídica las revistas Crítica Jurídica (fundada en 1983) y El Otro Derecho (surgida en 1988). A estas se suman hoy publicaciones como, InSURgência: revista de direitos e movimentos sociais y Direito e Práxis. En segundo lugar, la reflexión crítica sobre los estudios y la investigación sociojurídica, que no solamente se han orientado a describir la gran variedad de estos, sino también a teorizar sobre los mismos, reflexión que ha tenido un gran desarrollo en países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Perú.

Así, nuestra América contribuye significativamente a la construcción de una sociología jurídica alternativa al discurso dominante del Derecho, no contemplativa, es decir, militante, y crítica del sistema económico, su discurso legal y jurídico. Estos aportes además están situados en la realidad económica, social, política, histórica y jurídica del Sur global y su horizonte es profundamente emancipatorio.

* El Otro Derecho, 53 (2016-II), Sociología Jurídica Alternativa, Crítica y Militante.

Autor: Freddy Ordóñez Gómez -Investigador Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos-ILSA @Freddy_Ordonez

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Hacia la veeduría ciudadana de los Acuerdos de Paz

El pasado 4 de abril, organizaciones campesinas y defensoras de derechos Humanos del departamento del Meta, en compañía de organizaciones Nacionales e internacionales de Argentina, El salvador, México, y Guatemala, visitaron la Zona Veredal de Transición y Normalización "Mariana Páez", (ubicada en la vereda Buenavista del municipio de Mesetas, Meta), para valorar, en conjunto con las comunidades y organizaciones locales y las FARC - EP, el estado de avance y cumplimiento dela implementación de los Acuerdos de Paz de la Habana en la zona y en los municipio cercanos. Este evento de acompañamiento y verificación de los Acuerdos, al que asistió ILSA y un grupo significativo de organizaciones nacionales y departamentales, también contó con la participación de las Madres de la Plaza de Mayo - Línea fundadora y la Organización H.I.J.O.S de la Regional de La Plata de Argentina, las cuales se encuentran en Colombia promoviendo la red latinoamericana sobre desapariciones forzadas. La siguiente es la declaración final del encuentro.

"Momento e el que interviene en el acto Mirta Acuña de Baravalle por la Asociación de Madres de la Plaza de Mayo - Línea fundadora (Argentina)"


Descargue el documento adjunto haciendo click en el siguiente enlace:

Acto de acompañamiento y verificación en el terreno del cumplimiento y avance en la implementación de los Acuerdos de Paz.

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La participación política de las comunidades rurales

La Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y el Instituto para una Sociedad y un Derecho Alternativos, ILSA, en el marco del Contrato de Prestación de Servicios PSPJ No. 2111 de 2014 MYR-005, presentamos la colección titulada La participación política de las comunidades rurales: Eje de construcción de los Nuevos Territorios de Paz. Esta colección hace parte de la estrategia de trabajo desarrollada para el fortalecimiento de organizaciones sociales por lo que contiene la siguiente información:

Módulo no. 1. La Ley 1448 de 2011 y la restitución de las tierras campesinas. Guía básica sobre el restablecimiento de los derechos de las víctimas del despojo y el abandono forzado en Colombia.

Haga click para descargar el Módulo 1

Módulo no. 2. Los Consejos Municipales De Justicia Transicional (CMJT). Un escenario para la incidencia política y la participación efectiva de las víctimas del conflicto armado en Colombia

Haga click para descargar el Módulo 2

Módulo no. 3. La participación y los Consejos Municipales de Desarrollo Rural (CMDR).

Haga click para descargar el Módulo 3

Módulo no. 4. Adjudicación de predios baldíos: mecanismo para el acceso a la tierra.

Haga click para descargar el Módulo 4

El material que tiene en sus manos es producto de la implementación del programa Nuevos Territorios de Paz que actualmente adelanta el Departamento para la Prosperidad Social, DPS, el cual cuenta además con el apoyo de la Unión Europea, y dentro del que se incluye el Contrato referido entre ILSA y la OIM. Este programa tiene como objetivo principal el promover en las diferentes regiones rurales del país iniciativas de construcción de paz tendientes a reducir la desigualdad económica y mitigar los efectos de la violencia político-social, para el fomento de un desarrollo territorial basado en principios de participación y gobernanza democrática.

En la OIM y en ILSA estamos seguros de que este ejercicio de difusión y promoción de conocimiento coadyuva a los diferentes esfuerzos que desde diferentes sectores se vienen realizando en el periodo reciente para dar solución a las problemáticas que se padecen en el campo, y a la construcción de los Nuevos Territorios de Paz.

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Informes de DDHH Zonas de Reserva Campesina

ILSA comparte un trabajo de seguimiento a la situación de derechos humanos en las Zonas de Reserva Campesina en Colombia en el período de mayo de 2014 a diciembre de 2016. En este momento en que los acuerdos en materia agraria están a punto de ser abordados en la agenda legislativa mediante la cual se están implementando los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y las FARC, estos insumos deben ser tenidos en cuenta para adoptar las decisiones que se traduzcan en políticas públicas que beneficien a estos territorios campesinos.

Descargue los documentos haciendo click en los siguientes enlaces:

INFORME DDHH ZRC CENTRAL 2013

INFORME DDHH ZRC CENTRAL 2014

INFORME DDHH ZRC CENTRAL 2015

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Pacto Internacional - Informe Alterno de la Sociedad Civil

Informe Alterno de la Sociedad Civil al Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

ILSA ha acompañado desde el año 2016 la elaboración del Informe Alterno de la Sociedad Civil al Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se presentó en forma ejecutiva en el mes de febrero de 2017 en Ginebra, y que será presentado en forma definitiva en las sesiones del Comité que se efecutarán en el segundo semestre del año 2017, en las cuales se evaluará al Estado colombiano frente al cumplimiento de las obligaciones que impone tal instrumento internacional.

La elaboración del Informe Alterno es un esfuerzo colectivo realizado desde la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, espacio del cual ILSA es parte y colabora con el proceso de investigación y metodología de los diferentes artículos del Informe Alterno, que son elaborados en forma colectiva por muchas organizaciones e instituciones de la sociedad civil.

Compartimos El Informe Ejecutivo del Informe Alterno presentado hace unas semanas en Ginebra, y la cuestión de preguntas que acaba de formular el Comité del PIDESC al Estado colombiano frente a su reporte del período 2010-2016, y sobre las cuales seguramente discurrirá el debate y evaluación en el periodo de sesiones en las que se evalúe al Estado frente al cumplimiento del PIDESC.

Lo mismo compartimos el Informe de Derechos Humanos del año 2016 de la OACDH.

Descargue los documentos haciendo click en los siguientes enlaces:

Informe Anual

Listado de cuestiones del Comité del PIDESC al Estado Colombiano

Resumen Ejecutivo PIDESC 2017

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Participación en la Construcción de PAZ - MONTES DE MARÍA

Las organizaciones sociales rurales de indígenas, afrodescendientes y campesinos desplazados de la región de los Montes de María, marcan el camino y la estrategia de implementación de los Acuerdos de paz de la Habana para la construcción de los nuevos territorios rurales de paz en Colombia. Desde sus experiencias, las comunidades rurales de la región de los Montes de María ya enseñan y se preparan para la elaboración de los Programas de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (PDET) y de los Planes de Acción Territorial (municipal, regional y departamental) para la implementación dela Reforma Rural Integral en la región.

Pensar el Desarrollo Rural Integral (DRRI) para la paz, con enfoque territorial, implica promover y abrir escenarios de participación ciudadana en los que las organizaciones sociales rurales del país participen de la definición del desarrollo de sus propios territorios con sus propios modelos y propuestas de construcción de paz; esos modelos y propuestas tradicionalmente marginadas del diseño de la institucionalidad estatal por parte de quienes han ejercido el control del poder político y económico regional y nacional en el país. Sin participación efectiva no habrá paz ni reconciliación posible, ni forma de superar la histórica exclusión social, económica y política del campesinado y de las comunidades étnicas en Colombia. El reto es la participación para la transformación.

Desde el año 2002, organizaciones de población desplazada de los Montes de María OPDS, han avanzado en promover el la participación ciudadana y la incidencia en las políticas públicas y en el desarrollo rural de la subregión. Actualmente con un grupo de más de 100 organizaciones sociales, articuladas en la Mesa regional de interlocución, promueven desde este escenario de participación y articulación un Desarrollo Rural Integral Alternativo e incluyente para el conjunto de las comunidades campesinas y étnicas de la subregión.

En esta pieza audiovisual, elaborada por la Corporación Desarrollo Solidario (CDS), que apoya la promoción de la economía campesina en los Montes de María, se presenta la valiosa experiencia participativa que desde ILSA consideramos será decisiva en el escenario actual de implementación de los Acuerdos de Paz en la Subregión.

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