Biblioteca Vitual

Con el ánimo de contribuir al entendimiento del sistema agroalimentario actual y de difundir las diferentes alternativas y resistencias al modelo, es que presentamos este número de El Otro Derecho titulado El Sistema agroalimentario: mercantilización, luchas y resistencias en el cual hemos reunido miradas críticas a la producción, transformación, distribución y comercialización de alimentos del capitalismo, así como alternativas a éste y los principales referentes de lucha y resistencia que se están generando actualmente, cuyas bases se encuentran en el campesinado, en la soberanía alimentaria y en la agroecología.

Para avanzar en algunas respuestas y tesis sobre las formas y enfoques que merecen ser incorporados en los procesos sociales de participación e incidencia ciudadana frente a las administraciones territoriales, este curso desarrollará brevemente los siguientes temas: Políticas públicas locales como escenario de participación y exigibilidad de los derechos; Enfoques para la incidencia en políticas públicas locales; Incidencia en los programas de gobi

En 1991, cuando se preparaba la Cumbre de Río de Janeiro sobre desarrollo y medio ambiente, el cambio climático fue uno de los temas claves para resolver pero después de veinte años parece que continúa la indefinición sobre su tratamiento. Los aspectos sociales, económicos, biológicos, ecológicos, forestales, de responsabilidad compartida y diferenciada, fueron ampliamente debatidos antes de adoptar la Convención sobre Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto, cuya vigencia sólo se alcanzó hasta el 2005, y ahora
estamos abocados a que expire en 2012. Actualmente, el punto clave de las negociaciones gira entorno al tipo de instrumento que deben tener continuidad y si se trata de un acuerdo vinculante o voluntario.

El objetivo principal del presente estudio es analizar y estimar los impactos previsibles del Tratado de Libre de Comercio (TLC) entre Colombia y los Estados Unidos sobre la economía campesina colombiana, a partir de los resultados y condiciones acordadas para el sector agropecuario en la negociación de dicho tratado.
Para tal fin, en primer lugar se estiman los impactos previsibles que la desgravación arancelaria, acordada en el TLC con Estados Unidos, podría traer sobre el sector agropecuario productor en Colombia, en términos de los cambios esperados en los precios internos y, por esta vía, en las áreas sembradas y la producción, especialmente para aquellos productos que cultivan o sostienen en una magnitud importante las economías campesinas.

El segundo Portavoz de este año gira en torno al derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada. La figura de la consulta previa aparece legalmente en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo - OIT, ratificado en Colombia por la Ley 21 de 1991. El convenio tiende a asegurar los derechos de los pueblos indígenas y tribales a su territorio y la protección de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Pero el manejo de la consulta previa, libre e informada hoy en día deja mucho que pensar.
 

Desde hace unos años, ILSA, junto con las organizaciones sociales de mujeres, pueblos indígenas, afrocolombianos, campesinas y jóvenes con las que trabajamos, hemos emprendido la tarea de realizar un proceso de reflexión sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) en el marco del respeto de las identidades y diversidades humanas y sociales1. Nuestra convicción de que la exigibilidad de los DESCA se vuelve más efectiva cuando parte del reconocimiento de las diferencias étnicas, culturales, generacionales, identitarias y de género, surge de la idea de que las búsquedas actuales de bienestar y las reclamaciones fundadas en derechos se articulan a agendas muy específicas de las actorías sociales para luchar contra situaciones de discriminación que las afectan.
Esta perspectiva también nace de la necesidad de matizar el discurso universalista y de carácter urbano que han tenido en su devenir los DESC. Los derechos están hechos de contenidos específicos: decisiones públicas, recursos, arreglos institucionales, etcétera, que se hacen efectivos en contextos geográficos –territoriales– y humanos también específicos, por lo cual las políticas públicas (como procesos a través de los cuales se asegura el goce de los derechos) deben adaptarse a las circunstancias que las enmarcan.